Como España celebra el 41º aniversario de su Constitución, el surgimiento de un partido de extrema derecha que busca la recentralización del país ha neutralizado efectivamente todo discurso político sobre la reforma constitucional.
El documento de 1978 que ratificó la transición de España a la democracia tras la muerte de Francisco Franco está siendo honrado hoy en el Congreso español.
A la luz de la composición actual del parlamento, lo principal es defender la Constitución.
Pero los planes de reforma que habían sido impulsados en su mayoría por el Partido Socialista (PSOE) han quedado relegados a un segundo plano, ya que los principales partidos españoles tratan de defender la estructura actual del país, conocida como el estado de las autonomías y basada en importantes competencias delegadas a las regiones.
El viernes, el presidente en funciones del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó que el actual marco constitucional español dispone de herramientas suficientes para resolver «los conflictos sociales y políticos», así como para abordar «la crisis política y territorial de Cataluña».
Con un escenario de fragmentación política, el país acaba de salir de unas elecciones repetidas que dieron más poder al ultranacionalista Vox, los partidos independentistas catalanes presionando por el derecho a decidir, y ningún nuevo gobierno a la vista, tanto el PSOE como su tradicional rival, el conservador Partido Popular (PP), parecen estar de acuerdo en que no es el momento adecuado para presionar por un ambicioso cambio estructural.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la presidenta del Senado, Pilar Llop, presidieron un acto en la Plaza de Colón de Madrid para conmemorar el 41º aniversario de la Constitución Española.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y la presidenta del Senado, Pilar Llop, presidieron un acto en la Plaza de Colón de Madrid para conmemorar el 41º aniversario de la Constitución Española. EMILIO NARANJO EFE
Vox, que entró por primera vez en el Parlamento nacional en abril con 24 legisladores y más del doble de esta cifra en noviembre, ha manifestado claramente su deseo de cambiar las estructuras básicas de gobierno, eliminando los parlamentos regionales y las fuerzas policiales, y devolviendo a Madrid las competencias en materia de sanidad, educación y seguridad.
Mientras tanto, el movimiento independentista catalán ha expresado repetidamente su rechazo a la Constitución española, e incluso partidos separatistas que podrían apoyar la última candidatura de Sánchez para formar un gobierno, como la Izquierda Republicana Catalana (ERC), defienden el derecho a decidir en un referéndum oficial que también requeriría un cambio constitucional.
Durante años, el PSOE ha sido el partido más activo en cuanto a sugerir cambios a un texto que ha permanecido prácticamente inalterado desde su ratificación en un referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978. El primer ministro en funciones, Pedro Sánchez, del PSOE, propuso a principios de este año un cambio para evitar el tipo de estancamiento que se produjo en 2016, y de nuevo este año.
Pero después de asegurar no más de 120 escaños en la casa de 350 personas en las elecciones del 10 de noviembre, no hay manera de que Sánchez pueda reunir el apoyo necesario para impulsar este cambio. En declaraciones a los medios de comunicación antes de las celebraciones del viernes, Sánchez dijo que hoy es un buen día para defender los «acuerdos entre diferentes actores políticos» para garantizar un gobierno que funcione. Dijo que espera que la sesión del Congreso para nombrar al nuevo primer ministro se celebre lo antes posible, pero no descartó la posibilidad de que se celebre en enero.
La idea de cambiar la Constitución nunca ha recibido mucho apoyo en España. Y ahora que los separatistas catalanes rechazan rotundamente la Carta, mientras que Vox quiere eliminar los poderes regionales en respuesta al impulso independentista, se espera que los líderes del PSOE, el PP, los Ciudadanos de centro-derecha y la antiausteridad de Unidas Podemos adopten hoy una postura clara a favor de la propia «Carta Magna» moderna de España. Esto representa un cambio para Podemos, que en su día también defendió un referéndum para Cataluña que otros partidos rechazan por inconstitucional.
«A la luz de la actual composición del parlamento, lo principal es defender la Constitución, porque podría sufrir graves ataques», dijo una fuente del PP. Y fuentes del PSOE dijeron que si bien tienen ideas bien definidas para el cambio constitucional a medio plazo, «a corto plazo[tenemos que] defenderlo de actores radicales y partidistas que quieren apropiarse de él y usarlo como arma».
